La prescripción en casos de daños continuados a las personas: referencia a la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia 90 de Madrid en el Juicio Ordinario 217/2012 (Víctimas de la talidomida)

La Sentencia, de fecha 19 de noviembre de 2013 reviste gran interés desde el punto de vista procesal. Aunque concisa en el tratamiento de la cuestiones, algunas de ellas de gran complejidad, el análisis de ciertas instituciones nos resulta especialmente atractivo por cuanto las interpretaciones están realizadas siempre desde la mayor eficacia del artículo 24 de la CE, esto es, del derecho a la tutela judicial efectiva (con cita expresa, a veces, del propio artículo en el discurso: v.gr., tercer párrafo de la página 9).

Así, cabe destacar el tratamiento de aquello que afecta a la legitimación pasiva, en respuesta a las excepciones planteadas por la demandada (F.D. 4º), en particular, por la existencia de un grupo de empresas (aplicándose la doctrina de la unidad de intereses para impedir la existencia de lagunas de protección de los hipotéticos perjudicados), o a la calificación jurídica del tipo de responsabilidad (extracontractual, contractual o derivada de la consideración de un producto como defectuoso), que se define, sin problemas, como híbrido extracontractual con mención genérica al cumplimiento de las obligaciones (página 15, segundo párrafo), o a la legitimación activa colectiva del artículo 11.2 de la LEC (F.D. 6º, página 17 en adelante, especialmente a partir de la número 20)

Criterios objetivos para la valoración del correcto empleo de la prueba indiciaria en el proceso penal.

El empleo de la prueba indiciaria en el proceso penal ha sido objeto de muchos estudios, la mayoría bastante extensos. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª de 26 de septiembre de 2013 (Recurso 1921/2012) establece los criterios objetivos para la valoración de la corrección de su empleo para verificar una condena.

La enumeración es breve y asequible para su uso práctico y, en cierta medida, permite descartar versiones más restrictivas.

Frente a postulados anteriores (en base a los cuales se permitía, v.gr., el empleo de un indicio único: http://noticias.juridicas.com/articulos/65-Derecho%20Procesal%20Penal/200312-26569151110313480.html), los criterios actualizados establecen:

a) El indicio debe estar acreditado por prueba directa, y ello para evitar los riesgos

Las acciones dominicales y el análisis limitado de la prueba

En el presente artículo plantearemos las dificultades estrictamente procesales, relativas principalmente a la prueba, que han surgido a raíz de la concreta llevanza de los autos de juicio ordinario 514/2008 del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Palma, que derivaron en la apelación 200/2012, seguidos ante la Sección 4ª de la Audiencia Provincial. Sustanciaron una pretensión reivindicatoria de dominio.

El presupuesto de hecho del que deriva la complejidad que es merecedora de un análisis es la existencia de inexactitudes y errores registrales (que fueron acreditados con certeza en sede judicial y referidos en ambas Sentencias, del Juzgado y de la Audiencia Provincial) que impidieron constatar la existencia de un requisito básico imprescindible para la estimación de este tipo de acciones: la cumplida identificación de la finca que el actor titula en el registro. Por ello, el motivo básico de la apelación se concretó en torno al derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24 CE, solicitándose un mayor análisis de

La validez de los documentos y su impugnación con los nuevos medios técnicos

Los documentos privados no impugnados en lo relativo a su autenticidad, es decir, no tachados de falsos, producen una efectividad probatoria idéntica a los documentos públicos. Así, dispone el artículo 326 de la LEC:

1. Los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen.

2. Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto.

Resulta bastante común en la práctica procesal la alegación de impugnación de un documento que esconde una valoración particular de su contenido, no un reproche de falsedad, pero lo cierto es que la prueba plena que de no discutirse su autenticidad le atribuye la LEC otorga una gran relevancia a esta cuestión, por cuanto una sentencia que se apoye en una expresión literal de un documento no impugnado resultará complicada de atacar, al menos formalmente, simplemente pretendiendo llamar la atención del Tribunal