Denegación de apertura de proceso penal en el caso de lesiones derivadas de actuación médica sin consentimiento informado

Mediante el muy reciente Auto de fecha 21 de enero, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Illes Balears (Rollo 529/2013) confirma la corrección del criterio del Juzgado de Instrucción 9 de Palma (Previas 3017/2013) en virtud del cual se decretaba el archivo de las actuaciones cuya iniciación se instó por denuncia, sin necesidad de practicar diligencia alguna.

Los hechos denunciados consistían en una presunta mala praxis en la colocación de un implante dental que provoca un resultado lesivo, por determinar conforme a derecho. La intervención se llevó a efecto, igualmente según fue denunciado, sin recabarse el preceptivo consentimiento informado establecido en la Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

El Auto recurrido en apelación decía (extractamos conforme a nuestro criterio lo estimado más relevante): “la denunciante sufrió hipoestesia, es decir(…) a causa de una disminución de intensidad de las sensaciones (…) deben ser tratados en el ámbito del

Las competencias profesionales en el ámbito sanitario. Marco legal de la profesión de Dietista-Nutricionista (II)

III.- Antecedentes previos a la LOPS y a la reforma de la legislación universitaria de la regulación originaria de los estudios.

Como cuestión previa a esta apartado hay que decir que el artículo 36 de la Constitución establece que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. Esto significa que existe una reserva de ley; tal como han señalado reiteradamente nuestros Altos Tribunales: no cualquier norma jurídica sirve para regular el ejercicio de las profesiones tituladas.

Se abundará en su momento en este extremo, no obstante lo cual es preciso advertir que esta cuestión es capital cuando se trata de afrontar la defensa de cualquier profesión titulada frente a la práctica más lesiva contra la misma: el intrusismo profesional. En este ámbito, además, existen novedades bastante recientes, parte de las cuales fueron tratadas en nuestro artículo sobre la reforma del Código Penal. La falta se ha convertido

Las competencias profesionales en el ámbito sanitario. Marco legal de la profesión de Dietista-Nutricionista (I)

I. Introducción.

El presente artículo será el primero de una serie que comienza con la pretensión de definir con carácter práctico el marco jurídico de la profesión sanitaria de Dietista-Nutricionista (D-N, en adelante). Ello, a la vista de la legislación vigente, pero considerando especialmente los pronunciamientos judiciales habidos hasta la fecha que afectan a la profesión de manera directa o por haber tratado en términos generales las competencias profesionales en el ámbito sanitario o, incluso, técnico-científico, con el fin de definir procesal y materialmente las expectativas realistas consecuentes de defensa de la profesión.

El tal sentido, pretendemos igualmente aclarar de forma tangencial otra serie de conceptos aplicables más allá de la propia profesión concernida.

El origen del presente trabajo está en el interés generado a consecuencia del dictado de varias Sentencias de la Audiencia Nacional en primera instancia y del Tribunal Supremo en casación resolviendo los recursos interpuestos tanto por la AEDN (http://www.aedn.es) y

La prescripción en casos de daños continuados a las personas: referencia a la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia 90 de Madrid en el Juicio Ordinario 217/2012 (Víctimas de la talidomida)

La Sentencia, de fecha 19 de noviembre de 2013 reviste gran interés desde el punto de vista procesal. Aunque concisa en el tratamiento de la cuestiones, algunas de ellas de gran complejidad, el análisis de ciertas instituciones nos resulta especialmente atractivo por cuanto las interpretaciones están realizadas siempre desde la mayor eficacia del artículo 24 de la CE, esto es, del derecho a la tutela judicial efectiva (con cita expresa, a veces, del propio artículo en el discurso: v.gr., tercer párrafo de la página 9).

Así, cabe destacar el tratamiento de aquello que afecta a la legitimación pasiva, en respuesta a las excepciones planteadas por la demandada (F.D. 4º), en particular, por la existencia de un grupo de empresas (aplicándose la doctrina de la unidad de intereses para impedir la existencia de lagunas de protección de los hipotéticos perjudicados), o a la calificación jurídica del tipo de responsabilidad (extracontractual, contractual o derivada de la consideración de un producto como defectuoso), que se define, sin problemas, como híbrido extracontractual con mención genérica al cumplimiento de las obligaciones (página 15, segundo párrafo), o a la legitimación activa colectiva del artículo 11.2 de la LEC (F.D. 6º, página 17 en adelante, especialmente a partir de la número 20)

Criterios objetivos para la valoración del correcto empleo de la prueba indiciaria en el proceso penal.

El empleo de la prueba indiciaria en el proceso penal ha sido objeto de muchos estudios, la mayoría bastante extensos. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª de 26 de septiembre de 2013 (Recurso 1921/2012) establece los criterios objetivos para la valoración de la corrección de su empleo para verificar una condena.

La enumeración es breve y asequible para su uso práctico y, en cierta medida, permite descartar versiones más restrictivas.

Frente a postulados anteriores (en base a los cuales se permitía, v.gr., el empleo de un indicio único: http://noticias.juridicas.com/articulos/65-Derecho%20Procesal%20Penal/200312-26569151110313480.html), los criterios actualizados establecen:

a) El indicio debe estar acreditado por prueba directa, y ello para evitar los riesgos

Las acciones dominicales y el análisis limitado de la prueba

En el presente artículo plantearemos las dificultades estrictamente procesales, relativas principalmente a la prueba, que han surgido a raíz de la concreta llevanza de los autos de juicio ordinario 514/2008 del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Palma, que derivaron en la apelación 200/2012, seguidos ante la Sección 4ª de la Audiencia Provincial. Sustanciaron una pretensión reivindicatoria de dominio.

El presupuesto de hecho del que deriva la complejidad que es merecedora de un análisis es la existencia de inexactitudes y errores registrales (que fueron acreditados con certeza en sede judicial y referidos en ambas Sentencias, del Juzgado y de la Audiencia Provincial) que impidieron constatar la existencia de un requisito básico imprescindible para la estimación de este tipo de acciones: la cumplida identificación de la finca que el actor titula en el registro. Por ello, el motivo básico de la apelación se concretó en torno al derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24 CE, solicitándose un mayor análisis de

La validez de los documentos y su impugnación con los nuevos medios técnicos

Los documentos privados no impugnados en lo relativo a su autenticidad, es decir, no tachados de falsos, producen una efectividad probatoria idéntica a los documentos públicos. Así, dispone el artículo 326 de la LEC:

1. Los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen.

2. Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto.

Resulta bastante común en la práctica procesal la alegación de impugnación de un documento que esconde una valoración particular de su contenido, no un reproche de falsedad, pero lo cierto es que la prueba plena que de no discutirse su autenticidad le atribuye la LEC otorga una gran relevancia a esta cuestión, por cuanto una sentencia que se apoye en una expresión literal de un documento no impugnado resultará complicada de atacar, al menos formalmente, simplemente pretendiendo llamar la atención del Tribunal

El expediente de dominio, cuestionado en el proceso de aprobación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria

El expediente de dominio, procedimiento judicial clásico para la inmatriculación y la reanudación del tracto sucesivo interrumpido de bienes inmuebles mantiene, de momento, su actual regulación en la Ley Hipotecaria. La redacción vigente, como es sabido, es la siguiente:

Artículo 199: La inmatriculación de fincas que no estén inscritas a favor de persona alguna se practicará: a) Mediante expediente de dominio. b) Mediante el título público de su adquisición, complementado por acta de notoriedad cuando no se acredite de modo fehaciente el título adquisitivo del transmitente o enajenante. c) Mediante el certificado a que se refiere el artículo 206, sólo en los casos que en el mismo se indican.

Artículo 200: La reanudación del tracto sucesivo interrumpido se verificará mediante acta de notoriedad o expediente de dominio. Por cualquiera de estos medios o por el autorizado en el artículo 205 se podrá hacer constar en el Registro la mayor cabida de

Reformas legales que afectan a la víctima de infracciones penales. El nuevo Estatuto de la víctima del delito y la reforma del Código Penal: mayor penalidad para el reo y menos protección para la víctima

I.- El nuevo Estatuto

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, acaba de aprobar el Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito. La información pública accesible disponible para su consulta está en la página web del ministerio de justicia vía enlace al documento, http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1288786623195/Detalle.html, titulado Estatuto de la Víctima del Delito. En sí, es una nota de prensa del gabinete de comunicación en la que se realiza un resumen que no tiene de momento la concreción técnico-jurídica mínima necesaria para evaluar el alcance de la reforma. Habremos de esperar, por tanto, a conocer el texto definitivo -si existe no hemos sabido acceder a él- para hacer las valoraciones pertinentes.

Las pretensiones declaradas del nuevo estatuto contrastan con el escenario más tangible que plantea la reforma del Código Penal, con la despenalización de algunas conductas que

Reacciones procesales contra los errores en Sentencias y Autos definitivos en la misma Instancia

La entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses tiene entre sus objetivos declarados "racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional", expresión de significado equívoco que supone el reconocimiento de una circunstancia de hecho innegable, cual es la sobresaturación de asuntos pendientes en Juzgados y Tribunales. A la vez, se ha llevado a término una reducción sustancial del número de Jueces y Magistrados ejercientes, en concreto, de sustitutos (según denuncia su asociación, del 30 por ciento del total¹).

Estas circunstancias son causa, de cara al justiciable, entre otras, de dos consecuencias. La primera, la proliferación de errores materiales derivada de un tratamiento apresurado de los asuntos. La segunda, consecuencia a su vez de la anterior, es la necesidad de afrontar el pago de tasas, a veces, por duplicado: la correspondiente a la iniciación y la de la revisión de un posible error cuando se recurre a otra instancia, resultando esta última absolutamente desproporcionada: apelación y casación tienen una cuantía exagerada (800 y 1200 euros, respectivamente). Todo ello, sin garantía alguna de obtener un reembolso, que procedería o no, según criterios dispares, sólo de la contraparte solvente condenada y estaría sometida al régimen de revisión de la cuantía propio de la

Procesal civil: La reclamación monitoria en los casos de ocultación aparente del tráfico de la mercantil deudora

     

Desde mayo de 2010, la vigencia de la nueva regulación procesal desaconseja, a nuestro criterio, la utilización del proceso monitorio en los casos de aparente voluntad de la deudora de ocultarse de los acreedores por las razones múltiples posibles: liquidación de la sociedad fuera de los cauces previstos, insolvencia previsible, etc. Se desvirtúa la esencia del procedimiento, cuya naturaleza es evitar la necesidad de acudir siempre al declarativo cuando no hay un título ejecutivo suficiente. Si el incremento de la cuantía, sucesivo en cada modificación de la LEC, parece ser síntoma de un correspondiente incremento de la confianza del Legislador en la idoneidad del procedimiento, que nació limitado a este respecto, contradictoriamente se ha cegado, sin fundamento, una tendencia jurisprudencial favorable a ampliar, en ciertos casos, el uso de la notificación por edictos, previsto en la Ley sólo en el caso de las reclamaciones por deudas de propiedad horizontal.

El tenor del artículo 815, al respecto de la notificación, era el siguiente: El requerimiento se notificará en la forma prevista en el artículo 161 de esta Ley,

Procesal contencioso-administrativo: el acto administrativo "plúrimo". El recurso contencioso-administrativo indirecto.

EL ACTO ADMINISTRATIVO “PLÚRIMO”

Consecuencias jurídico-procesales de su existencia

Francisco José Ojuelos Gómez

Abogado del ICA de Huelva

Introducción

En la práctica procesal, la calificación como acto administrativo o disposición general de una concreta resolución administrativa tiene una relevancia capital. El presente estudio nace del planteamiento práctico de los diversos interrogantes derivados de la defensa frente a interpretaciones restrictivas del acceso a la Tutela Judicial Efectiva surgidos de la llevanza de los autos número 8/1982/2012 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (dimanantes de los 680/2011 del TSJ de Illes Balears, Sala de lo Contencioso-Administrativo).

En el supuesto litigioso concreto que es el origen de este estudio se reacciona