Viviendas en construcción, más garantías para los compradores: el Tribunal Supremo fija doctrina en la Sentencia de 21 de diciembre de 2015 (STS 5263/2015, recurso número 2470/2012).

Poco sentido tendría haber establecido doctrina interpretativa el 21 de diciembre de 2016 respecto de una ley que, habiendo estado vigente casi cincuenta años, tenía su derogación fijada para 11 días después, el 1 de enero de 2016.

Lo que el artículo primero de Ley 57/1968¹, ahora derogada, establecía como obligación de los promotores de viviendas en construcción que pretendieran ir percibiendo cantidades a cuenta de los compradores respecto a la apertura de una cuenta especial seguirá siendo una obligación vigente en nuestro ordenamiento por la incorporación del tenor del texto derogado a una Ley vigente, la Ley de Ordenación de la Edificación².

Entendemos por tanto en buena lógica que la doctrina que acaba de fijar el Tribunal Supremo al respecto de la Ley 57/1968, ya derogada, servirá para interpretar la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, y por ello creemos que la Sentencia a la que dedicamos esta reseña es muy relevante.

Referencia a nuestro blog en el prestigioso Contencioso.es

Con motivo de la publicación del post dedicado al ranking de los blogs jurídicos más populares de 2015, el número 1 del mismo, el muy notorio Contencioso.es, incluye una referencia a nuestro blog que supone, por su prestigio y crédito, el mejor regalo tras algo más de dos años de recorrido.

En ese tiempo hemos tenido el placer y el honor de colaborar con personas de la talla de Manuel Moñino, Julio Basulto y Ricardo Mena: nuestro agradecimiento es infinito. 

Agradecemos con gran emoción la mención, que nos estimula para continuar intentando aportar nuestro granito de arena a la gran cantidad de información libre y de calidad que puede encontrarse en la red. 

Feliz 2016.

Francisco José Ojuelos Gómez

Nuevo blog, en colaboración con Julio Basulto y Ricardo Mena: European Food Law & Policy

Queremos felicitar la Navidad y desear un muy próspero año nuevo a todos nuestros lectores y aprovechar la ocasión para invitaros a visitar el nuevo blog en el que tenemos el placer y el honor de colaborar con Julio Basulto y Ricardo Mena:

European Food Law & Policy

Felices Fiestas a todos.

La regulación de la publicidad de alimentos: un estriptís por entregas, (6), por Francisco Ojuelos y Julio Basulto. La publicidad dirigida a los niños. Conclusiones.

Termina con esta sexta entrega (aquí la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta) nuestra serie en forma de estriptís, que hoy queremos concluir, desde luego, con un desnudo integral. Como seguramente recordarán, el índice que preestablecimos al principio es:

I.Introducción.

II. Contexto: las normas aplicables: 

1) Publicidad general y consumidores.  

2) Prácticas desleales. 

3) Prácticas desleales “específicas” sobre publicidad de alimentos.

4) El Reglamento (CE) 1924/2006. La cuestión de los “avales” a alimentos.

5) El Reglamento (UE)1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

6) La responsabilidad de los anunciantes y sus agentes.

III. La publicidad dirigida a los niños.

IV. Conclusiones

La regulación de la publicidad de alimentos: un estriptís por entregas, (5), por Francisco Ojuelos y Julio Basulto. El Reglamento (UE) 1169/2011 y la responsabilidad de los anunciantes.

Esta es la penúltima de las entregas de esta serie de seis (aquí la primera, la segunda, la tercera y la cuarta) dedicadas al estudio de las normas (leyes, reglamentos, etc.) que regulan la publicidad y la presentación comercial de los alimentos en España. Gran parte de lo que hemos analizado aplica en el resto de la Unión Europea porque, resumidamente, las normas más significativas son supranacionales o se basan en ellas. 

Breve repaso

Para llegar hasta aquí, el camino nos ha hecho pasar, recordemos (y enlacemos), por todos estos hitos:

I.Introducción.
II. Contexto: las normas aplicables: 

La regulación de la publicidad de alimentos: un estriptís por entregas, (4), por Francisco Ojuelos y Julio Basulto. El Reglamento (CE) n.º 1924/2006.

La regulación de la publicidad de alimentos: un estriptís por entregas, (4), por Francisco Ojuelos y Julio Basulto. El Reglamento (CE) n.º 1924/2006.

En la última entrega, 3ª de la serie (aquí la 1ª y la 2ª), llegamos a la conclusión de que los consumidores, esto es, el público al que mayoritariamente va dirigida la publicidad y la presentación comercial de alimentos, tienen (tenemos) los siguientes derechos: 

- A recibir información correcta y veraz, por aplicación de la Ley de Consumidores (LGDCU). 

- A que dicha información, incluso aunque sea veraz, no pueda siquiera inducir a error (se habla de mera probabilidad), por su contenido o por su presentación, sobre sus beneficios, sobre sus características, sobre su carácter apropiado (en la anterior “entrega” insistimos en la importancia capital de este particular) o sobre los resultados que pueden esperarse de su utilización. Que conste, por cierto, que estos requisitos no los hemos impuesto nosotros, humildes mortales, sino que lo hacen la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Ley de Competencia Desleal, que son las que establecen estas obligaciones para los anunciantes. 

Nuestra serie sobre normativa de publicidad y presentación comercial de alimentos con Julio Basulto Marset, referenciada en el espacio Gente Sana de RNE (Radio Nacional de España).

Hasta la fecha son tres las entregas publicadas. Conjuntamente con Julio Basulto Marset, en las mismas se concreta un estudio sobre las leyes y normas que regulan la publicidad de alimentos a la vista de las evidencias científicas disponibles en materia de salud y protección de los derechos de los consumidores. Julio Basulto (juliobasulto.com y @JulioBasulto_DN en Tweeter) es dietista-nutricionista, docente en diversas instituciones y miembro de diferentes grupos, paneles, sociedades y comités de expertos (más datos sobre Julio), además de autor de los libros Mamá come sano, Se me hace bola y coautor de Comer y correr, Secretos de la gente sana y No más dieta. En la actualidad Julio, una referencia nacional en nutrición y dietética, colabora con los programas "Gente Sana" de Radio Nacional de España (RNE), "Ser Consumidor" de la Cadena Ser. 

Con motivo del programa dedicado a la obesidad infantil fue referenciado nuestro trabajo conjunto con Julio. Nos permitimos recomendar su escucha. Es un placer y un honor poder trabajar mano a mano con Julio: nuevamente, nuestro más sincero agradecimiento por ello. 

La intervención de los forenses de los Institutos de Medicina Legal públicos a instancia privada a cambio de precio público: El proyecto de Real Decreto por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.

La reforma del Código Penal que ha supuesto, en otras consecuencias, la derogación de las faltas de lesiones y homicidio por imprudencia, a la que dedicamos en su día el correspondiente artículo ha supuesto, en la práctica, que los perjudicados lesionados en accidente de tráfico hayan de acudir a la vía civil a reclamar. Con ello, han de asumir, además del riesgo de una condena en costas, los gastos de la intervención de profesionales de la valoración del daño corporal. La situación puede mejorar para los perjudicados si se concreta la promulgación del proyecto de Real Decreto al que dedicamos nuestra atención ahora.  

En sesión plenaria del pasado 4 de noviembre de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones fueron tratados, en otros asuntos, la presentación del proyecto de Real Decreto por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor. La reciente reforma de la LOPJ fue el paso previo a la regulación, tal como se recoge en la exposición de motivos del proyecto: “La Ley Orgánica del Poder Judicial, reformada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, permite ahora que los médicos forenses que prestan sus servicios en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses puedan realizar además de esta imprescindible labor, la de emitir informes y dictámenes a solicitud de los particulares en los casos que se determinen reglamentariamente”.

En resumen, el proyecto de norma establece, entre otros aspectos:

La regulación de la publicidad de alimentos: un estriptís por entregas, (3), por Francisco Ojuelos y Julio Basulto. Prácticas desleales.

La regulación de la publicidad de alimentos: un estriptís por entregas, (3), por Francisco Ojuelos y Julio Basulto. Prácticas desleales.

En las dos anteriores entregas (1ª y 2ª) hemos cuestionado la ética y legalidad de algunas prácticas publicitarias de promoción de alimentos, y hemos llegado a la conclusión de que los consumidores (que son la mayoría de los destinatarios de la publicidad de alimentos) tenemos como “escudo protector” la LGDCU, conocida como la Ley de Consumidores y Usuarios. Ello significaba (y sigue significando, que nadie se asuste) que es nuestro derecho básico que la información que recibamos sea correcta. Pero esto, que está bien, sabe a poco. Hay más, mucho más.

Tal y como detallamos en el apartado “introducción”, hemos creído necesario dividir en seis puntos el apartado dedicado a las normas que regulan la publicidad de alimentos:

La regulación de la publicidad de alimentos: un estriptís por entregas, (2), por Francisco Ojuelos y Julio Basulto. II. Contexto. Las normas aplicables.

II. Contexto. Las normas aplicables

En la anterior “entrega” hemos detallado cómo comienza a generarse, afortunadamente, un debate en torno a la idoneidad de cierto tipo de prácticas publicitarias y de presentación de alimentos. Hoy comenzamos preguntándonos lo siguiente: ¿Responde la Administración a las malas prácticas que en muchas ocasiones llevan a cabo ciertos sectores de la industria alimentaria? Ya pueden imaginarse nuestra respuesta: consideramos que lo hace de forma claramente insuficiente. Y es que en materia alimentaria y nutricional se ha puesto de manifiesto mediante diferentes estudios la existencia de irregularidades masivas frente a las que no existe, al menos que se conozca, reacción oportuna por parte de la Administración (1). No descubrimos nada nuevo.

La publicidad de la que hablaremos busca transmitir un evidente mensaje relativo a la supuesta condición saludable y beneficiosa de los productos alimenticios que son objeto de la misma, suficientemente persuasiva para convencer al consumidor medio no experto pero incluso relativamente informado y con capacidad y criterio medios (2),(3). La capacidad de convicción que dicha publicidad tiene sobre el consumidor merecedor de mayor protección, el más desinformado o el más débil, entre el que se encuentran niños y ancianos, no es un parámetro que los Tribunales (al menos el de la Unión Europea) ni las Administraciones consideren determinante a efectos de fortalecer los niveles de exigencia(4). Una pena.

La regulación de la publicidad de alimentos: un estriptís por entregas (1), por Francisco Ojuelos y Julio Basulto.

English version: The Regulation of Food Advertising: A Striptease in Instalments.

I. Introducción 

Una falta de ortografía sigue siéndolo aunque mucha gente la cometa a menudo. De igual manera, una ilegalidad no deja de serlo cuando numerosas personas incurren en ella de forma habitual sin recibir ni una triste multa por ello. Sigue siendo una ilegalidad. Explicamos esto para ejemplificar que la práctica consentida en el tiempo puede generar una percepción inexacta de la legalidad de ciertos procederes. Y aquí no hablamos sólo de los operadores privados, hablamos también de la propia Administración, que ha estado durante años materializando conductas que después han sido declaradas ilegales por los Tribunales, tanto estatales como internacionales (ejemplos hay muchos: ¿les suena el carácter abusivo de las cláusulas de las hipotecas, por ejemplo, consentidas durante años tanto por los operadores públicos como privados?). 

Pues bien, en materia de publicidad de alimentos (o, en general, presentación al público de los mismos) percibimos un aumento de la presión crítica que exige actuar contra algunas conductas que, a pesar de ser hasta ahora toleradas, son de muy dudosa compatibilidad con la legalidad vigente.

Nuestro artículo sobre comedores escolares referenciado en El Comidista, del diario "El País", por Juan Revenga.

Malas madres y peores anuncios, blog "El Comidista" del diario El País

Juan Revenga (El Nutricionista de la General y @juan_revenga en Tweeter) es dietista-nutricionista, biólogo y una referencia internacional en divulgación en materia de nutrición, alimentación y salud. Al frente del blog "El Nutricionista de la General", donde ha publicado innumerables artículos y estudios en el ámbito de su especialidad, es además autor del libro Adelgázame, miénteme. Toda la verdad sobre la historia de la obesidad y la industria del adelgazamiento (Adelgázame, miénteme.) Ha sido colaborador del programa "No es un día cualquiera" de Radio Nacional de España (RNE) y a día de hoy lo es de "Ser Consumidor" de la Cadena Ser.

En su reciente artículo Malas madres y peores anuncios para el blog "El Comidista" de el diario El País se incluye una referencia al artículo en el que tuvimos el placer y el honor de colaborar con Julio Basulto, aportando unas reflexiones jurídicas al magnífico trabajo de Julio: No quiero que obliguen a comer a mi hijo en la escuela. ¿Qué puedo hacer? 

Julio Basulto (juliobasulto.com y @JulioBasulto_DN en Tweeter) es dietista-nutricionista, docente en diversas instituciones y miembro de diferentes grupos, paneles, sociedades y comités de expertos (más datos sobre Julio), además de autor de los libros Mamá come sano, Se me hace bola y coautor de Comer y correr, Secretos de la gente sana y No más dieta. En la actualidad Julio, una referencia internacional en nutrición y dietética, colabora con los programas "Gente Sana" de Radio Nacional de España (RNE), "Ser Consumidor" de la Cadena Ser.  

Agradecemos de nuevo, a Julio, por la colaboración y a Juan por la cita y referencia.

La preclusión de pedimentos no verificados en un proceso anterior en relación a la cosa juzgada, un ejemplo práctico: La SAP de Madrid de 21 de julio de 2015 (ROJ CENDOJ SAP M 10396/2015).

La Sentencia a la que dedicaremos nuestra atención en el presente artículo aplica un criterio procesal de imprescindible consideración por cuanto, en primer término, excluye razones de justicia material y se aplica por otras de justicia meramente formal. 

En segundo lugar es estrictamente -justificaremos nuestra posición- de construcción jurisprudencial o doctrinal y, por tanto, no resulta previsible, al menos de manera evidente, de una lectura de la Ley procesal. 

El tercer y último motivo, el más importante, es que puede significar una frustración completa y absoluta de las pretensiones que motivaron la iniciación del procedimiento.

Se encuentra disponible en el siguiente enlace: Sentencia AP Madrid.

Se parte en este caso de la existencia de una Sentencia anterior que aprecia un incumplimiento de contrato. Con fundamento en el artículo 1124 del Código civl, la parte actora pidió (F.D.IV) “…con reserva de "la acción indemnizatoria de daños y perjuicios" que se declarara resuelto el contrato por incumplimiento de los demandados…” 

Los juicios de faltas en trámite por hechos que quedan despenalizados en el nuevo Código Penal y generan responsabilidad civil: la D.T. 4ª del nuevo Código Penal.

El contenido de este artículo ha quedado obsoleto por causa del desenfreno legislativo que se traduce en 3 versiones del código penal y 7 de la LECrim. en 2015. Que Dios nos coja confesados.

El nuevo Código Penal entrará en vigor en menos de un mes, el 1 de julio. En su día escribimos una breve reseña relativa a ciertos aspectos de la reforma que está disponible en el siguiente enlace: Reformas penales que afectan a la víctima.

Mucho se ha escrito en sentido crítico; en este breve post queremos hacer un apunte práctico surgido de los debates habidos con compañeros y funcionarios y de la preocupación de quien se pueda encontrar, como reclamante, inmerso en un procedimiento por falta generadora de responsabilidad civil, como un accidente de tráfico por imprudencia leve, que resulte despenalizada por la reforma. La clave está en la disposición transitoria cuarta, apartado segundo:

Competencia judicial contencioso-administrativa en expediente de reclamación patrimonial determinada por razón de Órgano administrativo que dicta el acto recurrido, aunque el mismo sea de ausencia de legitimación pasiva: La STS de 12 de mayo de 2015 (STS 2281/2015, Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, Recurso número 69/2014).

Cuestiones de relevancia exclusivamente procesal, como la determinación de la competencia, pueden suponer la pérdida de la fe en la reclamación por causa del transcurso de periodos de tiempo ingentes antes de saber cuál es el órgano judicial al que se encomendará la reclamación. 

La hipersaturación del sistema de justicia (no paliada en lo contencioso-administrativo con la vergonzosa introducción de la condena en costas sólo para el particular, no para la administración pública, desde 2011) deriva en situaciones de grave injusticia para el particular y de menoscabo del prestigio de los profesionales y del sistema.

Comedores escolares que obligan a los niños a comer: reseña del artículo en colaboración con Julio Basulto en la web de la Cadena Ser.

Puede encontrarse una reseña elaborada por el propio Julio Basulto (que incluye enlace al del artículo completo) así como un resumen del decálogo contenido en el artículo en el siguiente enlace: Web de la Cadena Ser.

Nuevamente, hemos de reiterar nuestro agradecimiento a Julio por la confianza. 

Julio Basulto es un referente internacional en el ámbito de la dietética y la nutrición, Dietista-Nutricionista, docente, autor y coautor de múltiples  publicaciones divulgativas y de referencia científica.  

Determinación de la competencia judicial por aceptación mediante “clic” informático de un acuerdo atributivo de la misma contenido en un clausulado de condiciones generales: la STJUE (Sala Tercera) de 21 de mayo de 2015 (asunto C‑322/14).

La Sentencia está disponible, para su consulta, en el siguiente enlace de “Conflictus legum(1)" http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2015/05/tribunal-de-justicia-de-la-union_90.html, que además de contener otro al texto completo, ofrece un resumen expositivo del planteamiento del litigio y reproducción del fallo. 

En el litigio principal que motiva el planteamiento de la cuestión prejudicial el demandante y la demandada tienen su domicilio en Alemania. La matriz de la demandada (que no es parte) tiene, no obstante, su domicilio en Bélgica. De los autos se deduce que el demandante conoció esta circunstancia por haber realizado el pago (de un vehículo, objeto del contrato litigioso) en una cuenta belga, además de por haber solicitado una factura sin IVA a la propia matriz belga (13, in fine). 

Comedores escolares que obligan a los niños a comer: artículo en colaboración con Julio Basulto.

Hemos tenido el placer de colaborar con Julio Basulto en su artículo relativo a los comedores escolares, aportando a la fantástica parte científica del mismo unas breves reflexiones jurídicas.   


Julio Basulto (@JulioBasulto_DN, en Twitter y juliobasulto.com) es Dietista-Nutricionista, colegiado número CAT000943 del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, docente en diferentes instituciones (info), miembro de diferentes Grupos, Paneles, Sociedades o Comités de Expertos (info), colaborador habitual en diversos medios (info), coautor de los libros No más dieta, Secretos de la gente sana y Comer y Correr y Autor de los libros Se me hace bola y Mamá come sano (marzo 2015), además de autor o coautor de diferentes publicaciones. 

El artículo está disponible, para su consulta libre en comedores escolares que obligan a los niños a comer.

La prescripción en casos de daños continuados a las personas: referencia a la Sentencia de las Víctimas de la talidomida, II: la Sentencia de la Audiencia Provincial Madrid 13 de octubre de 2014, Sección 14, autos número 85/2014.

Como ya hiciéramos en su día con la dictada en Primera Instancia, a la que dedicamos nuestra atención (Análisis de la Sentencia de los Afectados por la Talidomida, 1ª Instancia), la Sentencia que es objeto de este artículo viene a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la del Juzgado de 1ª Instancia 90 de Madrid, dictada en sede del Juicio Ordinario 217/2012. La nueva Sentencia puede consultarse en la fantástica base de datos pública del CENDOJ: Sentencia Segunda Instancia Afectados Talidomida.

Centraremos nuestro interés particular en las instituciones procesales concretas que son objeto de estudio por la Audiencia Provincial, prestando especial atención a la cuestión más relevante del objeto litigioso, cual es la prescripción de las acciones de reclamación por lesiones personales.

Sobre la facilidad y la iniciativa probatoria: una interpretación del artículo 217 de la LEC en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 17 de marzo de 2015, número 166/2015, recurso 2552/2012.

La Sentencia a la que dedicamos nuestra atención en este artículo resuelve definitivamente un litigio relativo a la vulneración del derecho fundamental a la intimidad y a la propia imagen. El texto de la misma está disponible, como siempre, en el magnífico buscador público del CENDOJ: texto STS en el CENDOJ

La Sentencia de Primera Instancia estimó parcialmente (sustancialmente, nos parece) la demanda, sin imponer las costas y, teniendo por acreditada la intromisión ilegítima, decretó, entre otros extremos, la procedencia de fijar una indemnización en el importe solicitado por la demandante. La de la Audiencia Provincial, en Segunda Instancia, revocó parcialmente la primera, reduciendo el importe de la indemnización en un 90%, de 100.000 a 10.000 euros.

En formato e-book la Guía de manejo de recursos jurídicos públicos y auto-asistencia legal para profesionales, PYMES y autónomos.

Terminado el (largo) periodo de descarga libre y gratuita, nuestro e-book está disponible en la plataforma Beperk: Guía legal del pequeño negocio.


Con información sobre la forma jurídica, licencias y local, webs y blogs, LSSI y comercio electrónico, privacidad y LOPD y consumidores y usuarios.

Síguenos en twitter (@CriticaProcesal) para conocer nuestras actualizaciones. 

Guía de manejo de recursos públicos y auto-asistencia legal básica para PYMES, autónomos y profesionales (V).

VI.-Normativa básica de privacidad y protección de datos .

En sentido práctico, cualquiera que almacene y use datos que permitan la identificación de personas (incluso sólo direcciones de correo electrónico aunque no estén siquiera asociadas a más datos) ha de comunicarlo, por el procedimiento establecido, a la entidad pública encargada -la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD por sus siglas, en adelante-, informar a los titulares de los datos de que pueden ejercer los derechos que la ley les confiere por razón de su titularidad y llevar a término una serie de prácticas que garanticen el uso legítimo de los datos, su custodia diligente y su destrucción con las debidas garantías. 

No podemos pretender en esta guía establecer un marco informativo que en todos los supuestos garantice el cumplimiento de la ley aplicable (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal -LO 15/1999, de 13 de diciembre- LOPD, por sus siglas, en adelante), ni nos referiremos a los más complejos, que son inasequibles para un análisis no especializado. 

Guía de manejo de recursos públicos y auto-asistencia legal básica para PYMES, autónomos y profesionales (IV).

V.- Contratación electrónica. 

A) Obligaciones previas a la celebración del contrato. 

Vender un producto o servicio por internet conlleva otra serie de obligaciones básicas previas, cuando el destinatario es un consumidor (un empresario que se dedica a otro sector es también consumidor y también, con ciertas condiciones, lo son las personas jurídicas1), obligaciones que quedan definidas en el artículo 27 de la LSSI. Un contrato, en derecho común, no tiene que ser necesariamente escrito. Un acuerdo de voluntades (como pagar un precio a cambio de un producto o servicio que se entrega o ha de entregarse) es un contrato válido en derecho. La propia LSSI remite, en lo que a la prueba de los contratos se refiere (artículo 24), al derecho común. 

Guía de manejo de recursos públicos y auto-asistencia legal básica para PYMES, autónomos y profesionales (III).

IV.- Normativa de comercio electrónico – venta por internet. Páginas web o blogs de profesionales, autónomos y PYMES. 

A) Información general. 

Siguiendo con la línea establecida para esta serie, el negocio modelo que es su objeto tendrá normalmente una página web o un blog. Puede ser que a través de ellos su titular se limite a ofrecer información sobre productos o servicios, hacer promoción de los mismos1 o sólo dejar constancia pública de una serie de referencias (un currículum, sus publicaciones, etc.). 

La actividad de comunicación que supone la mera tenencia de la web o blog genera una serie de obligaciones legales, de diferente alcance e intensidad en función del tipo de actividad que se materialice a través de los mismos. Por ser prácticos, sintetizamos: si no hay prestación de servicio, esto es, si no hay un lucro (directo o inmediato o bien posterior2) no es preciso, en principio, como particular, someterse al régimen de la ley (la que principalmente establece obligaciones en este ámbito, que es la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, LSSI, por sus siglas habituales). 

La insuficiencia de recursos hídricos como límite al desarrollo urbanístico: carácter vinculante de los informes de las Cuencas Hidrográficas en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5ª, Recurso número 2419/2012 (ROJ STS 4661/2014).

Con fecha 4 de noviembre de 2014 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha dictado la STS que estudiamos ahora, que establece a nuestro criterio una serie de consideraciones muy valiosas. Esta disponible, como siempre, en el excepcional buscador público del CENDOJ (Sentencia del Tribunal Supremo).

La Sentencia viene a confirmar la dictada por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por la que se estimaba el recurso interpuesto por la Administración General de Estado contra los actos emanados de la Generalitat Valenciana que son objeto del recurso. La fecha de los mismos revela cómo ambas Administraciones concernidas estaban regidas, en aquel momento, por gobiernos conducidos por partidos políticos diferentes.

Sobre la reforma de la Constitución: opinión de un jurista de base.

Asistimos en los últimos tiempos a la escenificación por parte de los partidos políticos mayoritarios de un enfrentamiento dialéctico sobre la pertinencia o no de reformar la Constitución (CE, en adelante). 

Los importantes movimientos sociales y políticos que están teniendo lugar en Catalunya se presentan como una de las causas del debate. Entre otras adicionales está también la reforma del artículo 135 llevada a término en 2011, que ha tenido su protagonismo en cuanto pareciera significar un posicionamiento ideológico determinante del Texto Constitucional (1).   

Guía de manejo de recursos públicos y auto-asistencia legal básica para PYMES, autónomos y profesionales (II).

III.- Licencias de apertura/actividad. Precauciones básicas relativas al local de negocio. 

El negocio modelo que es objeto de la presente guía precisará de un local donde desarrollar la actividad. Las actividades profesionales realizadas en el domicilio propio (las permisibles en base a las normas de derecho privado: de propiedad horizontal, derivadas del concreto contrato por el que se posee el inmueble, etc), cuando no hay atención al público ni acceso por parte de terceros no precisan, en general, de autorización administrativa. Lógicamente, la normativa pública en general, de protección del medio ambiente y contra el ruido, tributaria, sanitaria o de salud pública y de prohibición de cierto tipo de actividades que generan molestias o riesgos es siempre aplicable a cualquier actividad, se desarrolle donde se desarrolle, si se dan las condiciones precisas. 

Guía de manejo de recursos públicos y auto-asistencia legal básica para PYMES, autónomos y profesionales (I).

I.- Introducción.

Crear un negocio, auto-emplearse y sostener la actividad en el tiempo conlleva, en el caso de particulares (o pequeños colectivos de particulares) una serie de inversiones de dinero, esfuerzo y tiempo que han de desplegarse en el plano estrictamente empresarial o mercantil. 

Muchas veces el profesional, autónomo o PYME no cuenta con formación empresarial (contabilidad, finanzas, marketing, publicidad, gestión material de impuestos, etc.) por lo que gran parte de las inversiones anteriormente citadas se realizarán para adquirir experiencia y conocimientos en dichos ámbitos o bien afrontar económicamente la asistencia de un profesional externo. 

La asistencia externa se convierte a veces en la única solución que permite dedicar esfuerzos a la gestión directa del negocio. 

La publicidad alimentaria y nutricional y sus límites en la jurisprudencia: estudio de ejemplos con referencia a cuestiones de fondo y procesales (III)

Finalizaremos esta serie con el análisis de dos Sentencias que aportan el complemento necesario, a nuestro criterio, para servir de cierre interpretativo -de contrapeso, si se nos permite- a los criterios que con claridad quedan fijados en las anteriormente estudiadas. El juicio de legalidad publicitaria es en estas resoluciones una cuestión no central: en la primera de ellas, queda diluido por el contenido del contrato de prestación del servicio (colocación de un balón intragástrico para el tratamiento de la obesidad) y en la segunda se descarta la pertinencia de la realización de tal juicio: se realiza un examen global de la nueva normativa reguladora de un concreto producto -el yogur- en relación a la pretendida denominación como tal de aquel que no contiene bacterias viables como consecuencia de su pasteurización tras la fermentación, analizados tanto el producto y sus propiedades como el entorno con el objetivo puesto en el consumidor.

La publicidad alimentaria y nutricional y sus límites en la jurisprudencia: estudio de ejemplos con referencia a cuestiones de fondo y procesales (II)

Avanzando en el tiempo hasta situarnos prácticamente en el presente y ampliando la casuística, llegamos a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, autos número 817/2013, de 18 de junio de 2014.

El matiz diferenciador respecto a los anteriores está en este caso en que, aunque la alegación de defensa de la anunciante se centra -también- en la no aplicabilidad de la normativa que contiene la prohibición (Real Decreto 1907/1996) invocada por la actora (nuevamente, la AUC), en esta ocasión, dicha alegación viene motivada por la condición de producto natural de lo anunciado. Ello implicaría, a su entender, nada más y nada menos que una inversión de la carga de la prueba a su favor.

La publicidad alimentaria y nutricional y sus límites en la jurisprudencia: estudio de ejemplos con referencia a cuestiones de fondo y procesales (I)

Dedicaremos el presente estudio a establecer, mediante la reseña y comentario de un número limitado de sentencias, una serie de criterios comunes que permitan hacerse una idea de conjunto del tratamiento y respuesta que los diversos conflictos reales surgidos han tenido por parte de los Juzgados y Tribunales. Intentaremos extraer, como siempre, conclusiones prácticas también en lo procesal. Prestaremos un especial interés al sector alimentario y de la nutrición. Como en ocasiones anteriores, hemos de indicar que nuestra selección no pretende, ni puede, ser exhaustiva ni definitiva.

La primera Sentencia a la que dedicaremos nuestra atención es la de la Audiencia

La revisión de sentencias firmes, estudio de supuesto: la STS de 22 de julio de 2014, Sala 1ª, recurso 34/2011, número 427/2014

Con intención de dar a la institución procesal una visión práctica abordamos en este artículo el examen de la Sentencia del Alto Tribunal citada en el título, cuyo texto puede consultarse en el enlace http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7140934&links=%2234/2011%22&optimize=20140807&publicinterface=true, del buscador público CENDOJ.

La LEC contiene la regulación de la revisión de sentencias firmes en sus artículos del 509 al 516.

En resumen, aparte de establecer la competencia de TS o TSJ y las causas tasadas para

El acceso al procedimiento contencioso-administrativo especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, una interpretación pro actione: la STS 3252/2014, Sección 7ª, recurso 3839/2013, de 24 de julio de 2014

Con el fin de evitar abusos hipotéticos -en general y abstracto- en el uso del citado procedimiento especial, se concretan en muchas ocasiones excesos en sentido contrario, esto es, que limitan injustificadamente el acceso al procedimiento especial.

La Justicia contencioso-administrativa está, como es sabido, muy saturada. Más allá de las estadísticas, en la actualidad los procesos no especiales pueden suponer -hablamos del caso de Illes Balears, que conocemos más de cerca- varios años de tramitación en primera instancia, incluso en el caso de los abreviados. En los procedimientos ordinarios, lo

Los Diplomas de Acreditación y Acreditación avanzada de los profesionales sanitarios, proyecto de Real Decreto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (44/2003, de 21 de noviembre), hito normativo en la regulación sectorial reciente, dedica gran parte de su articulado a la formación de los profesionales (más que al ejercicio, cuestión especialmente sensible).

Dentro del Título Segundo (artículos del 12 al 36, ambos incluidos), el Capítulo Cuarto es dedicado a la Formación continuada. Tras más de diez años de vigencia, el Ministerio se encuentra este año en proceso de crear la nueva norma que dará contenido a la previsión

Marco legal de la profesión de Dietista-Nutricionista: enlace a nuestro e-book

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Los conflictos de competencias profesionales en la Jurisprudencia. Estudio breve de ejemplos.

El presente será un estudio de ejemplos no exhaustivo de algunos de los pronunciamientos judiciales que terminan de definir las claves para la interpretación de un concreto escenario normativo.

En relación a la serie sucesiva de publicaciones con la que hemos pretendido esbozar el marco legal de la profesión sanitaria de Dietista-Nutricionista y a las Sentencias que son referidas en ellas, es relevante ofrecer, como colofón, un breve estudio de otras de las sentencias que han fijado criterios interpretativos significativos. No todas se habrán dictado en el contexto de la resolución de litigios en los que estaba implicada la concreta

La aportación extemporánea de documentos y la alegación de hechos nuevos o de nueva noticia: opción procesal y aspectos destacables (II).

Aspectos prácticos inmediatos

Tal como se deduce de una simple lectura de los artículos que regulan ambos mecanismos procesales, cada uno de ellos tiene un escenario propio, idóneo. La aportación extemporánea de documentos concreta una actividad probatoria cierta en un ámbito limitado a la prueba documental y no exige necesariamente la variación del escenario fáctico, dado que el documento nuevo puede venir a reforzar la prueba existente sobre un hecho ya alegado.

La alegación de hechos nuevos o de nueva noticia no significaría necesariamente una nueva actividad probatoria: la prueba nueva solo procedería, parece, en el caso descrito en el artículo 286.3 de la LEC y conforme al procedimiento general de proposición y práctica: si el hecho nuevo o de nueva noticia no fuese reconocido como cierto, se

Las competencias profesionales en el ámbito sanitario. Marco legal de la profesión de Dietista-Nutricionista (VIII).

XII.- La defensa frente al instrusismo.

En general, el intrusismo es entendido en lenguaje común como cualquier actividad que suponga una invasión de las competencias de un profesional por otro, sin más condicionantes. La acepción académica determina que el instrusismo es el ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello. Puede constituir delito.

Desde el punto de vista del derecho, el instrusismo es estrictamente una infracción penal: delito o falta (delito leve si se consagra la prevista reforma del Código Penal. Nos

Las competencias profesionales en el ámbito sanitario. Marco legal de la profesión de Dietista-Nutricionista (VII)

X.- La normativa de Centros.

En el contexto de nuestro interés por definir el marco profesional del Dietista-Nutricionista entendemos preciso dedicar nuestra atención a la legislación sobre Centros Sanitarios, en particular, en lo que creemos que afecta más directamente al ejercicio.

La norma fundamental en esta materia es el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. El Real Decreto ha tenido y tiene eficacia normativa no sólo sobre su ámbito específico, sino más allá, justificando a veces pareceres por parte de la

Las competencias profesionales en el ámbito sanitario. Marco legal de la profesión de Dietista-Nutricionista (VI)

IX.- El Proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

La procedencia del concreto criterio en virtud del cual se eliminará en el proyecto de ley la colegiación obligatoria como condición necesaria para el ejercicio profesional es una cuestión discutible quizá en otros ámbitos, pero no en el sanitario. Ese es nuestro parecer, por varias razones no precisamente insignificantes: supondría la necesidad de promover otra regulación con rango de ley para cubrir el espacio que en la regulación de otras profesiones llenan las Leyes de Colegios Profesionales. Tanto, como crear competencias e infraestructuras gubernativas específicas para el ejercicio del control de acceso y ejercicio y, por último, asumir un complicado proceso de compostura jurídica

Las competencias profesionales en el ámbito sanitario. Marco legal de la profesión de Dietista-Nutricionista (V)

VIII.- Las Leyes de Colegios Profesionales.

La ya iniciada reforma de la regulación global del ejercicio de las profesiones que tradicionalmente han merecido el establecimiento de condiciones adicionales a la titulación universitaria para el acceso al ejercicio profesional provocará que las conclusiones de este apartado queden, quizá, obsoletas en poco tiempo. Analizaremos lo previsible a nuestro alcance, incluyendo las repercusiones estimadas para nuestro ámbito de estudio de la Ley de Servicios Profesionales en los términos del texto actual conocido del proyecto de ley.

La primera cuestión relevante es que la Ley estatal es preconstitucional, del año 1974. Se trata de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Ha sido, cómo no, parcheada y, fruto de las tendencias tan propias de nuestra tradición institucional, siempre tan poco cuidadosa con la seguridad jurídica, existe un recurso de

La aportación extemporánea de documentos y la alegación de hechos nuevos o de nueva noticia: opción procesal y aspectos destacables (I).

Introducción

Si por concepto es aparentemente asequible definir las diferencias entre ambas instituciones procesales, la práctica revela cómo a veces existen supuestos en los que la frontera es un tanto difusa. Serán muchas las ocasiones en las que la elección sea posible: apriori, desde el punto de vista estrictamente formal, todas aquellas en las que el objeto del proceso -en los términos propios de la institución, esto es, el objeto fáctico- se amplíe con posterioridad al momento exigido para su alegación (en los términos definidos en la propia Ley procesal y con las precauciones requeridas: ver, v.gr., art. 400 LEC) permitirán la opción, dado que la alegación de hechos nuevos conlleva la posibilidad de practicar nueva prueba, evidentemente, con contradicción, resultando que si la prueba es documental, la fecha del documento será también necesariamente posterior al momento procesal natural de aportación.

La idoneidad del cauce -más o menos discutible- será también analizada en este artículo, no sólo desde el punto de vista conceptual sino principalmente práctico que, como de costumbre, es el que más nos interesa. Si bien en el caso de la alegación de

El “canon objetivo de motivación” de las Resoluciones procesales penales como apoyatura para la desestimación de recursos. Afectación del Derecho a la tutela judicial efectiva

Con referencia a un caso concreto, según nuestra costumbre de ofrecer una visión práctica de las instituciones procesales, analizaremos en el presente artículo el concepto “canon objetivo de motivación”, en su condición, a veces, de argumento vacuo que permite dar apariencia de correcta fundamentación a una verdadera infracción del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.

La búsqueda de resoluciones que incluyan la mención literal del concepto en la base pública y gratuita CENDOJ, buscador de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial (http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp) arroja tres resultados, todos de la Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Illes Balears, por lo que serán estos resultados los que usemos, igualmente, de referencia.

Dos de ellas son Autos resolviendo recursos contra el mismo tipo de resolución que servirá de ejemplo para este artículo, de transformación de las actuaciones en procedimiento

Las competencias profesionales en el ámbito sanitario. Marco legal de la profesión de Dietista-Nutricionista (IV)

VII.- Los recursos contra las órdenes ministeriales de Enfermería y Farmacia.

El escenario existente en fecha del primero de los pronunciamientos judiciales que consideramos relevantes para la elaboración de este estudio (punto IV) era muy diferente al que hemos descrito en el apartado precedente. El Proceso Bolonia, en cuya base está -en lo normativo- la Ley Orgánica de Universidades reformada culmina en lo general (pendiente de la regulación de cada estudio particular)en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Al estudiar los recursos veremos de pasada la normativa de la UE que inspira el proceso.

Declaraciones como las ya analizadas “...habilitarán (...) para la realización de actividades de carácter profesional reguladas...” y también “Estos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión” ponen de manifiesto, al menos, cuál era la

La intervención provocada de un demandado a instancias del demandado inicial. LEC y doctrina

I. Introducción

La intervención provocada ha merecido ser tratada en una serie de estudios que han intentado dar una interpretación fiable desde el punto de vista de la seguridad jurídica a la institución procesal regulada en los artículos 13 y, sobre todo, 14, de la LEC. Pueden citarse varios de los disponibles de acceso libre, como el del José Ignacio Martínez Pallarés, compañero abogado: http://noticiasdelforo.blogspot.com.es/2011/10/la-intervencion-provocada.html, que incide especialmente en el tratamiento de una de las situaciones reales más comunes de la práctica procesal, el llamamiento a una aseguradora por parte de su propio asegurado, con análisis del criterio contenido en las sentencias de la Ilma. A.P. de Murcia.

También, el más extenso y doctrinal de Antonio Javier Pérez Martín, magistrado (http://www.lexfamily.es/ac/img/2ac_1360824531_a.pdf, Revista de Acciones Civiles, número 1, febrero de 2013). Al analizar el artículo 14 (página 4, apartado III), el autor constata la inseguridad jurídica que provoca la fórmula expresiva empleada por el

Las competencias profesionales en el ámbito sanitario. Marco legal de la profesión de Dietista-Nutricionista (III)

V.- La reforma universitaria para la armonización europea.

El proceso de reforma general de los estudios universitarios tiene su fundamento en la voluntad de homogeneizar los títulos en los estados que componen el Espacio Europeo de Educación Superior. Se lleva a término en primer lugar una modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, operada en 2007 por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. El artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, en su versión vigente, tras la reforma, acaba con la clasificación ya clásica de los estudios universitarios.

La LOPS, que llevaba ya vigente varios años, queda desde este momento necesitada de adaptación (y vamos camino de 7 años y dos parlamentos diferentes) al referirse sólo a diplomados y licenciados.

A partir de la entrada en vigor de la nueva versión de la Ley de Universidades se produce un desarrollo normativo en base a su espíritu, tanto general como particular, al respecto de cada uno de los estudios. Así, en primer término está el Real Decreto 1393/2007, de 29

Denegación de apertura de proceso penal en el caso de lesiones derivadas de actuación médica sin consentimiento informado

Mediante el muy reciente Auto de fecha 21 de enero, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Illes Balears (Rollo 529/2013) confirma la corrección del criterio del Juzgado de Instrucción 9 de Palma (Previas 3017/2013) en virtud del cual se decretaba el archivo de las actuaciones cuya iniciación se instó por denuncia, sin necesidad de practicar diligencia alguna.

Los hechos denunciados consistían en una presunta mala praxis en la colocación de un implante dental que provoca un resultado lesivo, por determinar conforme a derecho. La intervención se llevó a efecto, igualmente según fue denunciado, sin recabarse el preceptivo consentimiento informado establecido en la Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

El Auto recurrido en apelación decía (extractamos conforme a nuestro criterio lo estimado más relevante): “la denunciante sufrió hipoestesia, es decir(…) a causa de una disminución de intensidad de las sensaciones (…) deben ser tratados en el ámbito del

Las competencias profesionales en el ámbito sanitario. Marco legal de la profesión de Dietista-Nutricionista (II)

III.- Antecedentes previos a la LOPS y a la reforma de la legislación universitaria de la regulación originaria de los estudios.

Como cuestión previa a esta apartado hay que decir que el artículo 36 de la Constitución establece que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. Esto significa que existe una reserva de ley; tal como han señalado reiteradamente nuestros Altos Tribunales: no cualquier norma jurídica sirve para regular el ejercicio de las profesiones tituladas.

Se abundará en su momento en este extremo, no obstante lo cual es preciso advertir que esta cuestión es capital cuando se trata de afrontar la defensa de cualquier profesión titulada frente a la práctica más lesiva contra la misma: el intrusismo profesional. En este ámbito, además, existen novedades bastante recientes, parte de las cuales fueron tratadas en nuestro artículo sobre la reforma del Código Penal. La falta se ha convertido