Un breve apunte jurídico sobre el derecho a la intimidad de los hijos (y, a propósito, sobre la facultad correctora de los padres): las declaraciones del Juez Calatayud.

El derecho español ha dejado de contemplar, como tal institución jurídica, la facultad correctora de los padres en el ámbito del derecho civil¹. La tendencia ha sido brindar una mayor protección a las víctimas de maltrato infantil, problema de una triste magnitud. A la vez que se mantiene (artículo 155 del Código Civil) la obligación de los hijos de obedecer a los padres mientras se hallen bajo la patria potestad, medio para el bienestar del menor más que, como se entendía antiguamente, prerrogativa paterna, la tendencia legislativa persigue que la crianza y la educación se desarrollen en el respeto más pleno.

Mientras cierto tipo de conductas bastante generalizadas venían desvelándose en su ineficacia a largo plazo y se demostraban sus efectos negativos² en cualquier caso (incluso de baja intensidad), los textos legales internacionales consolidaban la prohibición de cualquier castigo físico como método³. Los argumentos a favor son cada vez más. En contra, suelen basarse en la “intuición” y “experiencia propias”, elementos estos que no tienen cabida ni en la ciencia ni en el derecho como criterios válidos.

El derecho penal se mueve en el mismo sentido, y se basa en parte en la regulación civil de esta materia.

En primer lugar, y para que se entienda el análisis de alguna sentencia que haremos a continuación, no hay pena (no se puede condenar) si no existe una acción típica, antijurídica y culpable. Muy (realmente) resumidamente y para el no jurista, la acción humana consciente no autorizada por la ley (ejemplo de las lesiones causadas por un agente de la autoridad para evitar un delito) y realizada sin exención de culpa (legítima defensa, estado de necesidad, alteración mental grave) será delito si está calificada como tal, en abstracto, en el Código Penal.

La explicación anterior viene al caso para que pueda entenderse que no existen ya sentencias del orden penal que admitan el castigo físico como medio de corrección. El castigo físico nunca está justificado y si existe alguna sentencia absolutoria, después de considerar que los hechos son en abstracto constitutivos de infracción penal, es por aplicar una circunstancia eximente de la responsabilidad.

Analicemos varios ejemplos ilustrativos.

1. El primero se dedicará a dejar clara la posición del derecho penal, Audiencia Provincial de Albacete, Sección 1ª, Sentencia 173/2002 de 15 de julio de 2002, Recurso 143/2002: Se enjuician varios “cachetes” en vigencia incluso de la facultad correctora civil que ya fue derogada. Juzgado y Audiencia consideran que la conducta es merecedora de reproche penal y condenan. Ilustrémonos: “…la moderación no se da si como ocurre en el caso de autos se ha recurrido como medio de corrección a propinar a la menor varios cachetes, collejas o como quiera llamarse a cualquiera de estas manifestaciones de castigo físico (…) aunque pudiera aceptarse en el plano de la hipótesis que en determinadas circunstancias por el estado emocional del niño al mediar un conflicto entre los progenitores pueda ser difícil encontrar un punto de encuentro que permita a los padres ejercer satisfactoriamente su función tuitiva en un ambiente de respeto y libertad es obvio que es obligación y función de los padres imaginar y propiciar vías de estímulo para solucionar determinadas actitudes, desterrando por su propia dinámica violenta cualquier castigo físico…”. La falta por la que se condenaba es hoy en día un delito leve, por lo que los argumentos de esta Sentencia pueden considerarse plenamente vigentes tras la última reforma del Código Penal.

2. Una Sentencia más actual, incidiendo en la cuestión de la reforma del artículo 154 del Código Civil, Audiencia Provincial de Salamanca, Sentencia 49/2015 de 20 ese abril de 2015, Recurso 23/2015: “…no se cuestiona por el recurrente (..) la realidad de los hechos imputados y que han constituido el fundamento de su condena, esto es, que el día 23 de septiembre de 2.014 propinó un cachete a su hijo menor de edad (…) lo que se cuestiona en el recurso es que los referidos hechos puedan merecer la consideración de infracción penal (…) lo primero que ha de señalarse (…) es que, al haberse eliminado del artículo 154 del Código Civil (…), la posibilidad de que los padres corrijan razonada y moderadamente a sus hijos, no es posible ya invocar el derecho de corrección como justificación a una agresión física realizada por los padres respecto de sus hijos.”

3. Y otra más, en relación a lo que explicábamos sobre la hipotética atenuación (en este caso no hay exención) de la responsabilidad penal por la conducta en cierto contexto, Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 7ª, Sentencia 31/2004 de 14 de enero de 2004, Recurso 115/2004: (se enjuician dos cachetes propinados en el curso de una discusión a una hija de 15 años) “…el marco en el que se desarrolló la discusión y el motivo de la misma, en conjugación con el estado depresivo que padecía la apelante, avalan que actuó irreflexivamente y ofuscada ante el anunció de su hija de abandonar el domicilio familiar, por lo que es de aplicación la circunstancia atenuante mencionada con carácter cualificado, de suerte que conforme a lo dispuesto en los artículos 617.2 , y 33 del C.P. se impone la pena mínima posible…”

Por lo tanto, aunque la exención de la responsabilidad penal sea posible, como en el caso de cualquier infracción penal, el derecho penal, el civil y el internacional van en la misma dirección, con el aval de lo que la psicología parece señalar.

En este contexto, recomendamos no usar como criterio jurídico las declaraciones del Juez Calatayud sobre el cachete a tiempo y, más recientemente, sobre la violación del derecho a la intimidad de los niños, al respecto de la cual podría llegarse a la misma conclusión. Nos parecen muy desafortunadas por dos motivos. El primero es que pueden servir como argumento justificativo para conductas de individuos indudablemente indeseables. El segundo es que pueden equivocar a padres razonables para hacerles creer que el castigo físico es una medida respaldada por el derecho en lugar de lo que realmente es: un medio a evitar, rechazado por el mismo.

(Pueden consultarse en los siguientes enlaces las declaraciones del Juez Calatayud sobre la violación de la intimidad de los hijos y sobre la bofetada a tiempo).

1 Reforma de los arts. 154 y 268 CC: El derecho del menor a una educación libre de toda medida de fuerza o violencia. José Manuel de Torres Perea. Profesor Titular de Derecho Civil. Universidad de Málaga. Diario La Ley, Nº 6881, Sección Doctrina, 12 de Febrero de 2008, Año XXIX, Ref. D-41, Editorial LA LEY.

2 Corporal punishment and long-term behavior problems: The moderating role of positive parenting and psychological aggression. Manuel Gámez-Guadix, Murray A. Straus*, José Antonio Carrobles, Marina J. Muñoz-Rivas and Carmen Almendros.Universidad Autónoma de Madrid and * University of New Hampshire. Psicothema 2010. Vol. 22, no 4, pp. 529-536.

3 Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, Comité de los Derechos del Niño, 42º período de sesiones, Ginebra, 15 de mayo a 2 de junio de 2006. OBSERVACIÓN GENERAL Nº 8 (2006). El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros): “23.Los castigos corporales han sido igualmente condenados por los mecanismos regionales de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado progresivamente en una serie de sentencias los castigos corporales de los niños, en primer lugar en el sistema penitenciario, a continuación en las escuelas, incluidas las privadas, y últimamente en el hogar.”